El precio de los carburantes ha alcanzado precios históricos y representa, por el momento, uno de los capítulos de gastos más importantes relacionados con nuestro coche, especialmente entre la población activa, obligada como está a usar su vehículo para desplazarse hasta su centro de trabajo. Por otro lado, el mundo del transporte por carretera ha sufrido una merma en los beneficios que por el momento supone casi en todos los casos pérdidas inasumibles para estos profesionales, especialmente para los autónomos, que tienen que vérselas con infinidad de problemas de todo color y tamaño, y que ahora comprueban que los números no les salen. Naturalmente, cuando de lo usar el coche está ligado al ocio, el asunto cuanto menos se plantea en familia, porque si antes íbamos y veníamos sin tener en cuenta el precio de la gasolina o el gasóleo, ahora representa un apartado a tener en cuenta antes incluso de poner en marcha el motor de nuestro automóvil y debemos unirlo a los gastos generales del desplazamiento, como si se tratara de la compra o de la comida.
Por otra parte, si nuestro vehículo es uno de los más del treinta y siete por ciento de los veintidós millones contabilizados en nuestro país que han superado los diez años, la cosa se complica específicamente en el apartado consumo, ya que los motores de esa época necesitaban más combustible para moverse y el viaje acaba siendo mucho más gravoso para el bolsillo. Por lo que nos cuentan los fabricantes y las organizaciones empresariales ligadas a este mundo, a final de año esta cifra superará el cuarenta por ciento, lo que confirmaría no solo que andamos muy mal de dinero, que es evidente, sino que seríamos el país de la Unión Europea que más polución aportará al aire que respiramos. Y aquí se produce una incongruencia que las Administraciones debían controlar y, posteriormente, plantearse muy seriamente su solución, puesto que si a los fabricantes se les exige, mediante directivas europeas y norteamericanas, que los motores que incorporen los nuevos vehículos respondan a los controles que limitan sus emisiones nocivas, ¿cómo se puede entender que, al mismo tiempo, autoricen la circulación de automóviles y vehículos industriales con una gran capacidad para dañar el medio ambiente? Es verdad que los sucesivos planes de renovación del parque automovilístico capitaneados por el Gobierno español han sido determinantes para reducir el viejo parque nacional, pero como Bruselas ha prohibido terminantemente cualquier ayuda a este mercado en aras, dicen, de una oferta y una demanda en igualdad de condiciones entre Estados miembros, se retiraron cuando mejor funcionaban y, consecuentemente, cuando más ventas se producían.
Por ahora, la totalidad del esfuerzo por retirar a los viejos modelos recae exclusivamente en el fabricante, que viene obligado a fabricar modelos ajustados a lo que se les exige por parte de los Gobiernos del mundo, al tiempo que debe renovar su gama y mejorar su precio si no quiere perder la parte que le corresponde de un mercado casi vez más encogido y con perspectivas de ir a menos. De no mediar la intervención de la autoridad competente, la realidad acabará imponiendo sus condiciones y éstas pasarán inevitablemente por un aumento de gases nocivos en la atmósfera, además del peligro añadido que representa un parque automovilístico envejecido y, por tanto, exento de las innovaciones técnicas que tanto influyen en la seguridad de los usuarios. Por lo que parece, aunque se trata de una decisión que por ahora pasa por el estudio previo obligatorio que exige la posible implantación de las medidas que se valoran, las estaciones técnicas de vehículos adquirirán un papel decisivo en el control y seguimiento de estos vehículos, a los que se les exigirán mayores esfuerzos que a los de menos edad e incluso es posible que se reduzca el tiempo de las revisiones actualmente en vigor.
Se decida lo que se decida, estamos convencidos de que cualquier innovación que se incorpore y que tenga como objetivo retirar de la circulación a automóviles que no reúnen las exigencias mínimas, mejorará el medio ambiente y se evitará la posibilidad de accidentes causados por el mal estado del coche. Paralelamente, que el Estado se comprometa a apoyar a la industria automovilística estamos convencidos de que mejoraría significativamente las actuales cifras de ventas, que por el momento y para este año quedarán muy por debajo del millón de unidades.
Por otra parte, si nuestro vehículo es uno de los más del treinta y siete por ciento de los veintidós millones contabilizados en nuestro país que han superado los diez años, la cosa se complica específicamente en el apartado consumo, ya que los motores de esa época necesitaban más combustible para moverse y el viaje acaba siendo mucho más gravoso para el bolsillo. Por lo que nos cuentan los fabricantes y las organizaciones empresariales ligadas a este mundo, a final de año esta cifra superará el cuarenta por ciento, lo que confirmaría no solo que andamos muy mal de dinero, que es evidente, sino que seríamos el país de la Unión Europea que más polución aportará al aire que respiramos. Y aquí se produce una incongruencia que las Administraciones debían controlar y, posteriormente, plantearse muy seriamente su solución, puesto que si a los fabricantes se les exige, mediante directivas europeas y norteamericanas, que los motores que incorporen los nuevos vehículos respondan a los controles que limitan sus emisiones nocivas, ¿cómo se puede entender que, al mismo tiempo, autoricen la circulación de automóviles y vehículos industriales con una gran capacidad para dañar el medio ambiente? Es verdad que los sucesivos planes de renovación del parque automovilístico capitaneados por el Gobierno español han sido determinantes para reducir el viejo parque nacional, pero como Bruselas ha prohibido terminantemente cualquier ayuda a este mercado en aras, dicen, de una oferta y una demanda en igualdad de condiciones entre Estados miembros, se retiraron cuando mejor funcionaban y, consecuentemente, cuando más ventas se producían.
Por ahora, la totalidad del esfuerzo por retirar a los viejos modelos recae exclusivamente en el fabricante, que viene obligado a fabricar modelos ajustados a lo que se les exige por parte de los Gobiernos del mundo, al tiempo que debe renovar su gama y mejorar su precio si no quiere perder la parte que le corresponde de un mercado casi vez más encogido y con perspectivas de ir a menos. De no mediar la intervención de la autoridad competente, la realidad acabará imponiendo sus condiciones y éstas pasarán inevitablemente por un aumento de gases nocivos en la atmósfera, además del peligro añadido que representa un parque automovilístico envejecido y, por tanto, exento de las innovaciones técnicas que tanto influyen en la seguridad de los usuarios. Por lo que parece, aunque se trata de una decisión que por ahora pasa por el estudio previo obligatorio que exige la posible implantación de las medidas que se valoran, las estaciones técnicas de vehículos adquirirán un papel decisivo en el control y seguimiento de estos vehículos, a los que se les exigirán mayores esfuerzos que a los de menos edad e incluso es posible que se reduzca el tiempo de las revisiones actualmente en vigor.
Se decida lo que se decida, estamos convencidos de que cualquier innovación que se incorpore y que tenga como objetivo retirar de la circulación a automóviles que no reúnen las exigencias mínimas, mejorará el medio ambiente y se evitará la posibilidad de accidentes causados por el mal estado del coche. Paralelamente, que el Estado se comprometa a apoyar a la industria automovilística estamos convencidos de que mejoraría significativamente las actuales cifras de ventas, que por el momento y para este año quedarán muy por debajo del millón de unidades.
