Lo
comentábamos en el programa de “Motor en directo” de los domingos. Y les
decíamos que el Ministerio de Justicia pretende introducir, en la reforma del
Código Penal que ha planteado el ministro de Justicia, una nueva normativa que
prevé dejar fuera las faltas de tráfico, lo que supondría que más del ochenta
por ciento de los accidentes no tendrían finalmente un responsable penal.
Naturalmente, las asociaciones que controlan los accidentes de tráfico y que
tanto ayudan a las víctimas y sus familiares, han puesto el grito en el cielo y
se reúnen estos días con diferentes responsables de Justicia en busca de un
consenso que evite lo que entienden, y entendemos, como un disparate. Desde
luego, por el momento no parece que exista interés en el Ministerio y estamos
convencidos de que todo puede quedar como se pretende por parte del responsable
de esta decisión, el ministro Gallardón, lo que afectaría a las miles de
personas que han sufrido un accidente y a las otras miles que forman parte del
grueso de víctimas previstas por la Dirección General
Actualmente solo se tramitan como imprudencia grave
o delito las conductas con resultado grave. Si ésta es leve o su el resultado,
aunque la imprudencia sea grave, se considerará una falta. Desde las
asociaciones aseguran que ocho de cada diez víctimas de accidentes de tráfico lo
son por conductas que el nuevo Código Penal dejaría fuera al no penar las
faltas. Por el momento, sobre el juez ha recaído la mayor parte de la
responsabilidad de determinar la gravedad de una imprudencia al volante y quien
decide si es grave, y por tanto, si es delito siempre que el resultado haya sido
grave. O si es leve y se queda en una mera falta. En el caso de que algún juez
interprete como falta provocar una lesión no permanente, como podía ser el caso
de un golpe en el brazo que le provoque diez días de baja, luego de saltarse un
semáforo en rojo el conductor causante, todo quedaría en nada.
Ante el varapalo que se les vendría
encima a las víctimas por accidentes de tráfico, las asociaciones de víctimas
pretenden que se incluyan en el Código Penal las conductas imprudentes al
volante que ocasionen daños a las personas. Además, proponen que se consideren
imprudencias graves, es decir, delito cuando el resultado sea grave, las
infracciones que la ley de Tráfico califica como graves o muy graves, como podía
ser, por ejemplo, no respetar un ceda el paso, cuando se hubieran ocasionado
víctimas. También se reclama una mejor definición de los protocolos y
procedimientos para la realización obligatoria de pruebas de alcoholemia y de
detección de drogas, así como la exención de las tasas judiciales para la
reclamación por parte de las victimas y familiares de indemnizaciones por daños
personales ocasionados en siniestros de tráfico.
Nosotros creemos que todo lo que se
decida en beneficio de los infractores nos parece una aberración y un error que
estamos seguros nos pasará factura en poco tiempo, especialmente en el número de
víctimas. Por otra parte, todo indica que los auténticos beneficiados de este
asunto son las compañías de seguros, que han realizado un buen trabajo alrededor
del Ministerio de Justicia y de cuyo resultado comenzamos a ver los frutos muy
pronto. Por otra parte, aunque los jueces tengan la última palabra a la hora de
calificar si el accidente supone o no un delito, la realidad es que éstos
recibirán instrucciones específicas para que la despenalización sea un hecho y
los perjudicados no disfruten de los beneficios propios que merecen los que han
sido, por ejemplo, atropellados en plena calle cuando cruzaban por un paso de
peatones y con el semáforo en rojo para los
vehículos.
