El Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General
de Tráfico, estudia reducir los límites de velocidad en las carreteras
secundarias de 90 a
70 kilómetros
por hora, en función de la anchura de la calzada. Por el momento las
velocidades que están vigentes en estas vías son de 100 por hora en las
secundarias con un arcén de más de metro y medio de anchura y a 90 en las que
carecen de un arcén de este tamaño. De acuerdo con los velados anuncios que se
vienen haciendo desde la cúpula directiva de este Ministerio, la reforma del Reglamento
General de Circulación, que estará lista esta primavera, contemplará una
reducción de los límites de velocidad en las carreteras convencionales, si bien
todavía no se ha confirmado cuál será la velocidad final. En un primer momento,
se barajó únicamente reducir de 100
a 90
kilómetros por hora el límite máximo.
El Gobierno está dispuesto, asimismo, a incrementar
la velocidad en las vías rápidas de 120 a 130/140 kilómetros por hora, aunque todo
indica que este incremento estaría sujeto a las condiciones climatológicas, al
estado de la carretera, a la baja siniestralidad y a una mejora económica
general del país. El pasado mes de noviembre, el Grupo Popular en el Congreso presentó
una proposición no de ley por la que instaba al Gobierno a estudiar un
incremento de la velocidad en las autopistas de peaje. Aunque en el texto no
fijaba el límite máximo, los populares barajaban una velocidad de 140 kilómetros por
hora, basándose para ello en que la red de autopistas se ha diseñado para
circular a más velocidad, lo que permitiría acortar los tiempos de
desplazamiento y dinamizar la economía.
Sin embargo, las asociaciones de víctimas de tráfico
y de ecologistas han protestado contra la propuesta del Gobierno, ya que
entienden que a más velocidad, más
muertos y más contaminación. Y las dos partes llevan parte de razón, puesto que
el Gobierno está obligado a dar respuestas al colectivo de los conductores, y
los que se unen en asociaciones en contra de los accidentes justifican su
negativa en las cifras de muertos y accidentados que conocemos los fines de
semana. Ocurre, no obstante, que a lo largo de estos años en ningún caso se han
aceptado las decisiones oficiales que, por ejemplo, solo pretendían, y lo han
conseguido, reducir la accidentalidad.
Por eso estamos convencidos de que acabarán
tomándose ambas, aunque la segunda, la que aumentaría la velocidad en
autopistas y autovías, ligada como está a la mejora de la situación económica
del país, nos tememos que tardará en implantarse. Con respecto a la primera,
los datos que controla Tráfico en relación con las denuncias por exceso de
velocidad que en éstas se dan, además de que continúa en ascenso el número de
víctimas, son más que suficientes para que la autoridad competente, obligada
como está a solventar el horrible problema de las muertes en carretera, decida
en poco tiempo implantar no solo los nuevos límites de velocidad, sino
controlar estas vías con la colocación de sistemas de control de la velocidad
de última generación, esos que pueden realizar fotografías del vehículo de
frente, de lado y por detrás desde más de doscientos metros.
Los que se quejan, que seguro llevarán su razón y
que nosotros aceptamos, deben tener en cuenta que los excesos se pagan y es
evidente que nos hemos estado pasando de rosca durante muchos años
aprovechándonos de la falta de vigilancia y control de estas vías, y que en el
fondo se trata de responder a tanto abuso y, consecuentemente, a tanto
accidente.
