Aunque muchos de nosotros estemos convencidos de que el previsto pago por usar las autovías en España es un invento moderno, la cosa viene de antiguo, al menos desde los tiempos en que Magdalena Álvarez estaba al frente del Ministerio de Fomento. Y allí estaba también el expediente sobre la mesa de trabajo de los máximos responsables de este Ministerio, donde se barajaba la posibilidad de cobrar por circular en las autovías libres de peaje. Es lo que ahora se conoce como tarificación de las infraestructuras, y consiste en evolucionar el modelo que nos ha regido hasta ahora, que permite que la mayor parte de las inversiones se financien con impuestos, a otro en el que sean los usuarios de las vías los que sufraguen su mantenimiento. Cuando se estudiaba esta posibilidad no existía la crisis que acucia a las arcas públicas, y por otra paqrte siempre se tuvo muy presente la capacidad de movilización del sector del transporte de mercancías, completamente contrario a la imposición de estos pagos por uso y que ya avisó de su oposición frontal en cuanto se conoció la intención del Ministerio.
Ahora la necesidad de dinero nos ha cambiado la vida y no son pocas las empresas del sector del transporte por carretera y de la construcción que están con el agua al cuello, por lo que el actual Ejecutivo ha vuelto a hacer números. Para empezar, los responsables de la idea han empezado a diseñar un mecanismo capaz de hacer compatible el cobro de peajes baratos y cuya recaudación permita seguir conservando la red en buen estado, al tiempo que mantener la paz con el sector del transporte. El hecho de que este asunto estuviera la semana pasada incluido en el orden del día de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es la antesala del Consejo de Ministros, debemos entenderlo como que el tema está muy avanzado, pero en ningún caso prever que entre en vigor en poco tiempo. La medida supondría unas importantes inversiones técnicas, como la instalación de un sistema de dispositivos en las distintas autovías que no podrían estar operativos antes de un año, y al mismo tiempo capacidad para recaudar dinero suficiente como para no descuidar la conservación y mantenimiento de estas carreteras, que está alrededor de 900 millones de euros anuales.
Las mayores constructoras del país lanzaron el año pasado una propuesta por la que el Gobierno podría disponer de 1.800 millones al año cobrando en las autovías a los vehículos pesados 10 céntimos por kilómetro y a los ligeros 4,5 céntimos por kilómetro, pero solo en los trayectos de largo recorrido. Otros cálculos elevan esta recaudación hasta los 3.000 millones de euros anuales. Evidentemente, todo dependerá de las tarifas que se apliquen finalmente que, sean como sean, irán acompañadas de bonos especiales para viajeros habituales. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que se implantará de manera progresiva, ya que, además de la instalación de los pórticos necesarios en la red viaria, los automóviles deberán llevar pegatinas u otros dispositivos identificativos. Nuestro país cuenta con una red de 3.300 kilómetros de autopistas de pago y 15.600 kilómetros de autovías con acceso gratuito para toda clase de vehículos. Esta situación no se da en países vecinos como Portugal, Francia o Italia y en esa diferencia reside el interés del Gobierno.
Lo queramos o no, por aquello de que España debe adaptarse cuanto antes a las directrices europeas también en este apartado, lo cierto es que somos uno de los pocos países que no aplican este peaje a los camioneros que circulan por su red estatal, por lo que desde el sector privado y una parte del Ejecutivo se muestran convencidos de que tarde o temprano la Euroviñeta para el transporte de mercancías entrará en vigor bajo el argumento de que es una recomendación que llega directamente desde Bruselas. Hasta ahora, la directiva de la Euroviñeta prevé la aplicación voluntaria por parte de los Estados de la Unión Europea de una tasa a los vehículos a partir de 3,5 toneladas, como compensación por su mayor efecto contaminante. Solo como ejemplo de lo que supone este impuesto en Alemania, los ingresos representan nada menos que 5.000 millones de euros al año, que es el resultado de la aplicación de este peaje en el 100 % por 100 % de su red viaria de alta capacidad.
